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Marcela Turati condujo a Villa Ahumada, en el norte de México, pocas horas después de la masacre. A su llegada, temprano en la mañana, se encontró media docena de cuerpos reposando en camionetas, el suelo manchado de sangre, y vecinos aterrados. La noche anterior, un grupo de 40 sicarios vestidos de negro irrumpió en el pueblo, secuestrando y matando indiscriminadamente. Turati intentó darle sentido a la tragedia. “La pregunta que quería responder era: ¿qué pasa en una comunidad después de una masacre, o después de que te dejan una hielera con cabezas?”, recordó. “Después de que se llevan a tus vecinos, ¿qué se rompe?”
Era mayo de 2008 y México llevaba casi dos años librando una guerra contra el narcotráfico. El presidente Felipe Calderón estaba implementando una estrategia de seguridad controvertida, desplegando militares por todo el país para hacerle frente a los carteles por la fuerza. Aún era temprano para saber que su plan daría escasos resultados, o que el encarcelamiento de los capos de las drogas conduciría —inadvertidamente— a la propagación de carteles más pequeños, pero más destructivos. Nadie podía anticipar entonces que el número de homicidios se duplicaría durante la presidencia de Calderón o que el peso de la violencia recaería en la población civil. Los mexicanos se estaban adaptando a un ambiente de seguridad en cambio constante mientras los periodistas aprendían a cubrir un conflicto que crecía aceleradamente.
Turati despachó sus primeros informes sobre la guerra desde Ciudad Juárez, un lugar de una violencia insólita. Como reportera de la revista semanal Proceso, detalló varias escenas sórdidas: perros alimentándose de restos humanos, cuerpos colgados de puentes, vecinos colocando letreros tales como, “SE PROHÍBE TIRAR CADÁVERES O BASURA”. Los homicidios se estaban normalizando y Turati se propuso cubrir las historias humanas detrás del conflicto, aquellas que las cifras tienden a enterrar.
Redacciones en todo el país empezaron a recibir visitas de familiares de víctimas buscando reporteros dispuestos a escribir sobre sus casos. En 2010, Turati fue invitada a una reunión con familias de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua cuyos seres queridos habían sido asesinados. Cuando llegó, un grupo de 30 madres, con fotografías de sus hijos en las manos, se formaron en una fila, esperando que Turati recogiera sus testimonios. Turati recuerda sentirse frustrada, incapaz, y dolorosamente restringida por el tiempo. Aprendió a ver más allá de las anécdotas personales, y a entender “un fenómeno social, una práctica masiva y sistemática”, me dijo.
Desde entonces, Turati, de 45 años, ojos café profundos y rizos sueltos, ha llevado al primer plano el dolor y la resiliencia de innumerables víctimas. Las ha acompañado en protestas, funerales y exhumaciones, reportando sobre sus esfuerzos incansables por exigir justicia, navegar enrevesadas burocracias y denunciar la incidencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados en México. También ha sido instrumental en ayudar a otros periodistas a lidiar con los altibajos del dolor. Hace más de una década, fundó Periodistas de a Pie con un grupo de reporteras que cubrían historias de interés público. Después del trabajo o los domingos por la mañana, se reunían a hablar sobre las historias que cubrían y a escuchar a veteranos del periodismo. “Era nuestra Sociedad de los Poetas Muertos, versión mexicana”, recordó Daniela Pastrana, una de las fundadoras de Periodistas de a Pie. “Marcela es un monstruo de periodista, siempre se mueve y jala para adelante. Ella te dice, ‘vamos a la luna’ y vamos todos a la luna”.
En 2008, después del asesinato de Armando Rodríguez, un periodista de El Diario, el grupo asumió un papel más activista. “Sentíamos que los de Ciudad Juárez estaban muy solos, muy aislados, y que nos tocaba a nosotros en la Ciudad de México entrarle y poner el cuerpo”, me dijo Turati. Dos años después, en una acción sin precedentes, periodistas mexicanos encabezaron protestas masivas en todo el país para denunciar las amenazas a las que se enfrentaban. La defensa de la libertad de prensa se convirtió en un eje central del trabajo de Periodistas de a Pie. “Ante un contexto adverso, nos hemos organizado para encontrarnos”, me dijo María Teresa Juárez, la secretaria del grupo.
Nacida en Ciudad de México y criada en Chihuahua, Turati aspiró en su infancia a convertirse en misionera católica. De adolescente, fue voluntaria entre los indios rarámuris, en la cordillera de la Sierra Madre. Los rarámuris son una de las comunidades más pobres de México, y las historias de hambruna y miseria que compartieron con Turati calaron en ella. En la universidad, escribió un artículo para el periódico estudiantil sobre una campaña para reducir la malnutrición entre los rarámuris. Después de la publicación, recibió un gran apoyo de sus lectores a la causa. Se conmovió: había encontrado una forma efectiva de ejercer un cambio, más directa que la paciente labor de un misionero.
A finales de los años 90, Turati pasó a formar parte de una generación de reporteros que trabajó en el alba de la transición a la democracia, libre de una censura sistemática. A su libertad se sumó una responsabilidad de informar a los lectores que, durante siete décadas, habían recibido noticias confeccionadas por un único partido en el poder. Empezó cubriendo la pobreza, pero al cabo de poco tiempo no pudo evitar enfocarse en la violencia. Abordó ambos temas prácticamente de la misma manera: concentrándose menos en planear con antelación que en encontrar historias en el momento oportuno. Se apoyó en vecinos para llegar a fuentes y encontrar lugares en donde pasar la noche. A través de los años, durante viajes, se ha visto peligrosamente cerca de aquellos que están detrás de la violencia, suficientemente como para ver sus tiendas de campaña, su ropa, y los restos de sus fogatas. Cruzar una línea invisible puede tener consecuencias fatales.
“Entre más seguía cubriendo tragedias y víctimas de la violencia, siento que algo se fue quemando adentro, como si me hubiera agarrado a un cable de alta tensión”
En una ocasión, después de enterarse de que el ejército mexicano había matado a una mujer embarazada en el estado donde creció, Turati viajó a la ciudad de Almada, a la casa de la víctima. Allí, fue recibida con sospecha: los parientes de la mujer cuestionaron sus intenciones, temiendo que pudiera tratarse de una informante. Llamaron a Proceso, amenazando con “levantar” — o desaparecer — a Turati si no era quien decía ser. Al final, Turati los convenció de que realmente era una periodista, pero decidió abandonar la historia al darse cuenta de que la familia de la mujer podía estar siendo vigilada y que su presencia podía ponerlos en peligro.
Conforme Turati continuó sus reportajes, la estrategia de Calderón devino en una feroz guerra territorial. Las lealtades a nivel local cambiaron y resultó cada vez más difícil para los periodistas identificar en quién podían confiar. Turati ha aprendido a desarrollar protocolos de seguridad y navegar territorios controlados por grupos criminales. Algunos lugares permanecen fuera de su alcance y llegar a otros requiere estrategias poco ortodoxas. “He hecho reportajes en silencio y sin preguntar nada”, me dijo. En una ocasión, convenció al chofer de un camión para que la dejara recorrer con él un pueblo fantasma. Desde el camión, observó “sin poder tomar fotos y sin poder anotar, solo tratando de memorizar o de escribir en clave en algún papel para después llegar a la redacción y contar esas historias”.
En 2014, tras la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Turati reportó sobre decenas de familias decididas a encontrar a sus hijos. Se aventuraron a tierras controladas por los carteles, buscando fosas y restos humanos. Al principio, las familias cubrieron sus identidades con lentes oscuros, gorras o paliacates. Sobre su primera experiencia en el campo con ellos, Turati escribió lo siguiente:
Incontenibles, se lanzaron al cerro así nomás, a corazón abierto, sin comida ni agua, pero con uñas, manos, picos, palas, barretas, varillas, machetes, mazos; lo que tuvieran a la mano para excavar hasta dar con sus familiares desaparecidos.
Con el tiempo, reemplazaron sus lentes oscuros, gorras y paliacates con camisetas que decían HIJO, MIENTRAS NO TE ENTIERRE TE SEGUIRÉ BUSCANDO. Aunque los cuerpos de los 43 estudiantes siguen sin aparecer, estos voluntarios han descubierto decenas de fosas comunes y más de 100 cuerpos. En un país donde el 99% de los delitos quedan impunes y en el que las investigaciones usualmente se suelen estancar o concluyen sin motivo, los familiares de las víctimas han asumido las responsabilidades que el gobierno ha abandonado.
Al tomar la justicia por sus manos, las familias se exponen al riesgo de represalias. “Cuando me preguntaban si es peligroso lo que hago yo siempre decía: ‘No, pues, yo solo acompaño a víctimas de la violencia y tomo sus testimonios’”, me dijo Turati. “Pero cuando empezaron a investigar, a organizarse, a saber quiénes son los perpetradores, pues cambia el riesgo. Cambia el panorama porque estás corriendo el mismo riesgo que corren las familias”.
Desde 2006, cerca de 100 periodistas han sido asesinados en México. Miembros de la prensa se han visto obligados a evaluar si sus palabras valen más que sus vidas. La autocensura se ha generalizado y varios territorios, considerados demasiado peligrosos para ejercer el periodismo, han desaparecido del mapa. Artículo 19, un grupo que monitorea la libertad de prensa, ha registrado 3.594 agresiones contra periodistas desde 2006, incluyendo 19 desapariciones. Cada vez que un periodista es asesinado, Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y América Central, lo cuenta como un “doble asesinato”. “Muere la verdad que estaba investigando”, me dijo, “pero también la verdad sobre las circunstancias de su muerte”.
Menos de 1% de los criminales son condenados y, por si fuera poco, se cree que los funcionarios públicos son responsables de la mayoría de los delitos. A nivel local, la narcopolítica solo ha multiplicado las amenazas a las que están expuestos los periodistas. Las redacciones han sido blanco de explosivos, asaltos e infiltraciones; muchas se han visto obligadas a modificar sus líneas editoriales. Medios independientes han optado por camuflar los nombres de reporteros de investigación o reemplazar sus nombres con el de sus juntas editoriales. En 2010, después de que El Diario perdiera a su segundo empleado en menos de dos años a manos de un cartel, el periódico se dirigió a los criminales con una carta en su primera página titulada: “¿Qué quieren de nosotros?”
Se podría plantear la misma pregunta a las autoridades del gobierno. El Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país la mayor parte del siglo XX, ejerció un control estricto sobre la información en México y consiguió que la supervivencia de la prensa dependiera de presupuestos públicos. Aunque las condiciones para los periodistas han mejorado desde entonces, quedan residuos de ese sistema. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se destapó que las autoridades habían utilizado un programa de espionaje para vigilar a periodistas, activistas de derechos humanos y líderes de la oposición. Peña Nieto, cuya presidencia terminó el año pasado, también gastó alrededor de US$3.000 millones en publicidad oficial —una cifra récord en la historia mexicana— para someter el contenido de prensa a los caprichos del gobierno.
Hoy en día, el 80% de los medios de comunicación depende de la publicidad del gobierno. Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, ha prometido una nueva era de transparencia. Lidera ruedas de prensa diarias, algo que ninguno de su predecesores se molestó en hacer, pero su relación con los periodistas se ha tensado. En repetidas ocasiones, se ha burlado de un sector crítico de la prensa, al que acusa de deshonesto y al que llama “fifí”. Desde que asumió el poder en 2018, la retórica de López Obrador se ha endurecido, y muchos temen que sus llamadas “mañaneras” sean solo una plataforma para controlar las noticias. Al menos seis periodistas fueron asesinados en los primeros meses de su gobierno. Si la tendencia se mantiene, 2019 será el año más letal de la historia para los periodistas mexicanos. Carlos Bravo Regidor, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala: “O no le importa o no lo entiende, pero él mismo contribuye de alguna manera a validar el clima de hostilidad contra la prensa cuando él mismo se suma a ella”.
Existe una red de instituciones diseñadas, en teoría, para defender la libertad de expresión. En los últimos años, el gobierno central creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, conocida como FEADLE, y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otras entidades. Desde su creación en 2010, FEADLE ha abierto 1.160 indagatorias, de las cuales solo 10 han culminado en una condena. “Las cifras que vemos en México son muy similares a las estadísticas de zonas de guerra”, me dijo Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México. “La diferencia es que zonas de guerra como las que se encuentran en Irak y Siria no tienen un mecanismo federal o una oficina especial de la procuraduría, lo que hace que la situación en México sea aún peor”.
Estas instituciones no han hecho suficiente por defender los derechos de los periodistas. Cuando se les exige una explicación, representantes del gobierno citan sus avances y mencionan sus limitaciones, que incluyen presupuestos y personal insuficientes. Pero para los periodistas que ponen en riesgo sus vidas todos los días y que durante años han lamentado la muerte de sus colegas, ninguna excusa es válida. Muchos se han resignado a pensar que su seguridad depende única y exclusivamente de ellos mismos.
Hace unos años, después del asesinato de Gregorio Jiménez, un reportero de Veracruz, Turati viajó a su estado natal para investigar el crimen. De regreso en Ciudad de México, recibió una amenaza telefónica, supuestamente de funcionarios de Veracruz. Turati dejó México y se refugió por unas semanas en Washington, donde tomó un curso de defensa personal y asistió a una sesión de sanación con una chamana. A su regreso, dejó su trabajo en Proceso. Necesitaba un respiro. Poco después, asesinaron a Rubén Espinosa, otro compañero de profesión.
La muerte de Espinosa tuvo un impacto profundo en varias de las fundadoras de Periodistas de a Pie. Espinosa había acudido a ellas en busca de ayuda, y su asesinato se produjo en la capital, tradicionalmente considerada un lugar seguro. La tragedia hizo que Turati se preguntase si Periodistas de a Pie, con sus escasos recursos, podía realmente marcar la diferencia. “Lo ayudé y sí recibió terapia”, me dijo Turati. “Pero pues, cuando lo mataron, fue muy duro porque ahí sí lo sentí como un fracaso personal”.
Turati dejó su puesto en el grupo y en 2016 llegó a la Universidad de Harvard con una beca Nieman. Al principio, le resultó difícil adaptarse a su vida en Massachusetts. “Llegué —creo— que con un cuadro de estrés post traumático grande”, recordó. “Me costó mucho trabajo despegarme de México, y sentía que estaba abandonando a mis compañeros, que estaba abandonando mi guerra, pero sabía que no podía seguir cubriendo”. En los primeros meses, le costó trabajo comunicarse, pese a que hablaba inglés. “Me sentía muy sola, muy aislada, muy triste. Quería todo el tiempo volver a México”. Tuvo cuadros de ansiedad graves. A la larga, sin embargo, encontró una terapeuta y comenzó a sentirse enriquecida por su alrededor. “Sentí que ya tenía yo una fuerza diferente”, me dijo. “Que mis clases de negociación me habían ayudado y mis clases de liderazgo y todo, para entender que yo estaba en una nueva etapa, que podía ayudar a mucha gente y que tenía un cierto peso, que tengo un papel que jugar”.
Cuando regresó a México, en 2017, Turati lanzó Quinto Elemento Lab, una organización que apoya y supervisa proyectos de investigación. Una de sus recientes investigaciones, coescrita por Turati, se titula “El país de las 2 mil fosas”. La investigación documenta la existencia de un gran número de fosas comunes nunca antes reportadas, y cuenta sus historias a través de testimonios, fotografías y un mapa interactivo. “Registros dispersos, incompletos, contradictorios o fragmentados de los gobiernos estatales y del federal obligan a las familias a vivir en la incertidumbre sobre el paradero de su seres queridos”, señala el texto. “La suma de negligencias y omisiones condenan a las personas desaparecidas a desaparecer por segunda vez”. El proyecto cumple una de las metas centrales del trabajo de Turati sobre la violencia: encontrar nuevas maneras de comunicar información que ha sido repetida incansablemente en vano.
Desde que Turati empezó a cubrir el conflicto, este se ha cobrado cerca de 250.000 vidas. Más de 40.000 personas están desaparecidas. Con frecuencia, Turati organiza entrenamientos de seguridad para periodistas, esperando que estas sesiones le permitan escuchar las difíciles experiencias de otros y compartir las suyas. A través de estas conversaciones, Turati ha encontrado una manera de sanar y de ser sanada. También ha invertido parte del dinero que ha recibido para investigaciones en terapias individuales y grupales para periodistas. “Entre más seguía cubriendo tragedias y víctimas de la violencia, siento que algo se fue quemando adentro, como si me hubiera agarrado a un cable de alta tensión”, relató Turati. “En los colectivos ha sido bien importante ver que estamos bien dañados todos. Así es como hemos aprendido a saber qué es normal, dentro de lo anormal que es nuestra situación”.
Stephania Taladrid is a contributing writer at The New Yorker. Before that, she served as a speechwriter for the Obama administration. She holds a master’s in Latin American studies from the Edmund A. Walsh School of Foreign Service at Georgetown University.